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Wikileaks: JCE bloqueó investigación sobre regidores que traficaron personas


Resalta que en esos momentos el canciller Carlos Morales Troncoso, el entonces director de Migración, Carlos Amarante Baret, y el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) en ese momento, Amable Aristy Castro, habían publicado declaraciones para pedir “una investigación completa”, y prometiendo ayudar para que así se hiciera.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Las investigaciones del escándalo de tráfico de personas que envolvió a decenas de regidores, destapada en el año 2005 no pudo avanzar porque fue bloqueada desde varias instancias del Estado, entre las cuales se encuentra la Junta Central Electoral.

La consideración se encuentra en el cable de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, fechado el 19 de octubre de 2005, que define al entonces secretario general de la LMD, Amable Aristy Castro, como "el Señor del Dinero del circuito de la corrupción municipal."

Bajo el título “Pasaportes oficiales, inc.-el escándalo se expande”, el cable comenta que el escándalo que involucra a cientos de pasaportes oficiales expedidos a los falsos concejales de la ciudad y dependientes falsos está llegando ‘incómodamente cerca’ de los niveles superiores del Gobierno”.

Resalta que en esos momentos el canciller Carlos Morales Troncoso, el entonces director de Migración, Carlos Amarante Baret, y el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD) en ese momento, Amable Aristy Castro, habían publicado declaraciones para pedir “una investigación completa”, y prometiendo ayudar para que así se hiciera.

Indica que el entonces subdirector de Migración, Vítor Soto, estuvo nueve horas sometido a interrogatorios y pasó la noche del 12 de octubre en la cárcel.

“Estuvo detenido por facilitar los billetes de avión para un grupo de 50 personas de Azua que emigraron ilegalmente con pasaportes falsos. Soto fue puesto en libertad al día siguiente bajo su propia responsabilidad”, narra.

Agrega que entonces se calificó la acción de Soto como "un error humano" al ayudar a un amigo a comprar los boletos de avión para el grupo.

“Soto sigue suspendido tanto de su cargo oficial, como del Comité Central del partido de gobierno, el PLD. Dos funcionarios de migración subordinados están suspendidos por su papel en facilitar los trámites del aeropuerto a personas que portaban documentos falsos”, explica el cable de 2005.

Agrega que la Procuraduría General encontraron evidencia de unos 90 falsos concejales, y explica que aunque es un problema que data del cuatrienio 1982-1986, las emisiones (de pasaportes) aumentaron en los últimos cuatro años (2001-2005), especialmente para miembros de la familia de los regidores, muchos de ellos fraudulentos.

“El precio del mercado negro de un pasaporte oficial ha variado de 160,000 a 250,000 pesos dominicanos (US$4,900 – 7,700). El combativo Fiscal del Distrito de Santo Domingo, José Manuel Hernández Peguero, ha anunciado su intención de examinar los archivos de las más de 160 oficinas del registro civil en todo el país, desafiando directamente a la Junta Nacional Electoral, que tiene la autoridad exclusiva sobre los registradores”, expone el cable.

Señala también que el subsecretario técnico de la LMD (de ese momento), Amaury Guzmán, fue uno de los detenidos y acusados ​​de connivencia con los concejales de la ciudad.

“La Liga Municipal Dominicana (LMD), la organización que pasa los fondos del gobierno central a los gobiernos municipales de la mayor parte de sus ingresos para operar, publicó la declaración de su controvertido y políticamente ambicioso secretario general Amable Aristy Castro, quien prometió cooperar con la investigación”, afirma.

Agrega que Aristy Castro anunció que 39 personas en una lista de 72 concejales sospechosos enviada por la Fiscalía no estaban en las nóminas de la LMD, y se presume que (la lista) es falsa.

“Algunos comentaristas descartan estos gestos de “El Señor del Dinero” del circuito de la corrupción municipal", precisa.

Resalta que Aristy Castro es un ex presidente del Senado que aspiraba a la presidencia del opositor PRSC en 2008 y su hija es la exitosa alcaldesa de la ciudad oriental de Higüey.

“Al menos un funcionario de alto rango ha desafiado a los investigadores y participó en una ‘prueba de voluntades’ con el fiscal del Distrito Nacional. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Luis Arias, cuya dependencia controla no sólo la maquinaria electoral nacional, sino también las oficinas de registro civil y la emisión de documentos de identidad, se ha negado a permitirles a los fiscales del gobierno el acceso a cualquiera de las oficinas de registro o a los archivos. Arias citó una ley que data de antes de que la JCE tuviera jurisdicción sobre el registro”, reseña el cable de la Embajada de EE.UU. acento.com.do

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