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Las demandas en contra del Estado colombiano equivalen a casi el doble de su PIB. Entre los más de 260 mil procesos judiciales actualmente abiertos en contra del Estado colombiano no resulta difícil encontrar algunos que, por insólitos, son capaces de provocar una sonrisa. Ahí está, por ejemplo, la demanda por 10 millones de pesos (unos US$5.600) interpuesta por el que parece haber sido el único ciudadano –de entre un padrón electoral de más de 28 millones– en haber sufrido lesiones por causa de la tinta indeleble que se emplea durante los comicios. O, en el otro extremo, los 594.237.486.233.750 pesos (más de US$330.000 millones) reclamados por una familia que, en palabras del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, "dicen ser dueños de la mitad del departamento de Antioquia". El asunto, sin embargo, está lejos de ser una broma. Todas sumadas, las pretensiones económicas de las actuales demandas en contra del Estado colombiano ya superan los 1.028 billones de pesos (unos US$580.000 millones), casi el doble del Producto Interno Bruto del país. Y según los cálculos del ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, eso significa que "si se perdieran las demandas que cursan actualmente contra la nación, cada colombiano tendría que pagar 22 millones de pesos". Es decir, más de US$12.400 por cabeza. Suficiente, según el presidente Juan Manuel Santos, para quebrar al país.
