*Editorial de El Nacional de la fecha
En su comparecencia por ante la Cámara Americana de Comercio, el ministro de Hacienda, licenciado Daniel Toribio, ha planteado un novedoso sendero que conduciría de manera expedita hacia el escenario de una postergada reforma fiscal integral a la que se llegaría sin mayores traumas jurídicos, políticos, sociales o corporativos, pero que requeriría de altas dosis de sensatez y buen juicio. Como primer paso, el licenciado Toribio expuso la necesidad de revisar el paquete de incentivos y exenciones fiscales que ascienden en tres años a 418 mil millones de pesos, cifra superior al valor del Presupuesto del Gobierno Central 2011, estimado en 390 mil millones de pesos.
Desde tiempos inmemoriales casi todos los sectores productivos han estado amparados en leyes o decretos de incentivos, como los dirigidos a turismo, industria, zonas francas, agropecuaria, exportaciones, transporte, minería, frontera, electricidad convencional, energía no renovable, fomento del libro, cultura, cine, entre otros.
Esas leyes, decretos u ordenanzas que avalan tales gastos tributarios no establecen formas claras de fiscalización ni evaluación de desempeño de los beneficiarios, por lo que tales recursos que el Estado deja de percibir no cumplen a veces con el propósito de estimular la expansión de negocios, garantizar competitividad, promover empleo o elevar los niveles de educación de la población.
El ministro Toribio citó también como retranca para una reforma fiscal integral lo que definió como inflexibilidades presupuestarias, representadas por 33 leyes que obligan a transferir a instituciones públicas un porcentaje de lo recaudado en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), del Fondo General de la Nación o de los ingresos.
Esa traba jurídica limita la posibilidad del Gobierno de ejercer mayores controles para garantizar calidad en el Gasto Público, pues los entes beneficiarios con esos privilegios presupuestarios no rinden mayores informes sobre ejecución presupuestaria que los legajos de papeles que remiten a la Cámara de Cuentas.
Sobran razones para ponderar el planteamiento del ministro de Hacienda, de que prohíban una serie de exoneraciones y exenciones que no reportan ningún beneficio al bien común, especialmente las que eximen de pago de impuestos a los beneficios alcanzados por personas físicas o jurídicas, pues todo aquel que gane dinero está obligado a tributar.
Como ha dicho el licenciado Toribio, se requiere de un gran pacto social y político para lograr un sistema tributario más justo, racional y eficiente, porque no es posible que operen 33 disposiciones legales que reducen el potencial del sistema tributario, once leyes que crean regímenes especiales y otras 19 que otorgan incentivos. Hace falta más equidad y menos privilegio.
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