La concesión fue otorgada al final del gobierno de Mejía, y posteriormente Fernández la traspasó a otros beneficiarios
SANTIAGO, República Dominicana.-Una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo a empresarios de zonas francas de Santiago para explotar el Puerto de Manzanillo ha generado contradicciones, debido a que no está claro el beneficio que recibiría a cambio el Estado Dominicano y a que no medió una licitación pública ni se le dio participación a otros sectores ligados a las exportacione e importaciones.
El usufructo de esta propiedad pública por parte de los beneficiarios privados será por 30 años, según consta en los documentos oficiales, que se refieren al puerto como "terreno". No se señalan los beneficios que recibirán los empresarios que han sido favorecidos por la entrega de este bien del Estado Dominicano.
Los principales opositores a la concesión son los bananeros de la Línea Noroeste, usuarios fundamentales de esa terminal marítima, y que critican que se haya entregado una propiedad pública a un grupo empresarial integrado por dos o tres empresas de zonas francas, mediante un procedimiento carente de transparencia.
La concesión fue dada por el presidente Hipólito Mejía a menos de tres meses de concuir su mandato en 2004, y posteriormente el presidente Fernández la ratificó pero cambió a los beneficiarios de la entrega del patrimonio estatal.
Los decretos del puerto de Manzanillo
481-01, 03 de septiembre 2001, Hipólito Mejía, otorga el puerto de Manzanillo a la empresa Trans Dominicana de Desarrollo.
96-04, 11 de febrero 2004, Hipólito Mejía, crea por decreto la Comisión de Evaluación del Puerto de Manzanillo, encabezada por monseñor Tomás Abreu Herrera, entre los miembros algunos de los nombres que hoy figuran como accionistas.
667-04, 20 de julio del 2004, Hipólito Mejía, otorga el puerto de Manzanillo a la empresa Cementos Cibao.
555-10, 20 de septiembre del 2010, Leonel Fernández Reyna, deroga el artículo 8 del decreto 667-04, pero se mantiene el convenio ahora con la Corporación Portuaria del Atlántico.
El conflicto actual
Los empresarios de zonas francas y otros sectores productivos de Santiago, favorecidos con el acuerdo estatal, para lo cual crearon la Corporación Portuaria del Atlántico, constituida en agosto del pasado año con 46 accionistas, anuncian que harán una inversión inicial de 250 millones de pesos para la reparación y modernización de puerto, que pretenden convertirlo en dinamizador del comercio exportador, según establece el convenio.
Los beneficiarios, alegan que aportarán a país entre 3, 000 y 4, 000 empleos directos e indirectos para bien de las comunidades cercanas al puerto, pero los productores y exportadores de bananos, quienes han usado el embarcadero por 20 años, se quejan porque los dejaron fuera del convenio y temen confrontar problemas para sus exportaciones de banano, que deben contar con las facilidades de almacenaje de la terminal.
Argumentan que la concesión que privilegia a los empresarios santiagueros es ilegal, porque no ha habido licitación y se viola la ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
El negocio de la exportación de bananos orgánicos y tradicionales genera 215 millones de dólares al año, entre otros beneficios, según datos de los productores, ubicados en las provincias Valverde, Montecristi y otras zonas de la Línea Noroeste.
La concesión
Los empresarios de Santiago han sido favorecidos con una concesión avalada por el decreto 667-04, del 20 de julio del 2004, al final del Gobierno de Hipólito Mejía, quien cedió el puerto a la empresa Cementos Cibao.
Posteriormente, el decreto 555-10, del 20 de septiembre del año 2010, del actual presidente Leonel Fernández Reyna, deroga el artículo 8 del decreto 667-04, ratifica el acuerdo, pero esta vez cambia de beneficiarios y se forma la Corporación Portuaria del Atlántico.
“Se otorga Poder Especial al Secretario Técnico de la Presidencia para que, en nombre y representación del Estado dominicano suscriba un Acuerdo con la empresa Cemento Cibao C. Por A, para los fines establecidos en el presente decreto, el cual deberá ser ratificado por el Senado de la Republica como ordena la Constitución”, reza el artículo 8, del decreto 667-04.
El senador Julio César Valentín Jiminián, dijo que la derogación del artículo 8 del decreto 667-04, justifica que el resto de los enunciados de la concesión sigue vigente, sólo que ya el acuerdo no es con Cementos Cibao, sino con la Corporación Portuaria del Atlántico.
En el artículo 8 del decreto 667-04, también se establecía que el acuerdo tendría que ser ratificado por el Senado de la República, Valentín Jiminián, también aseguró que esto significaría que la concesión ya no tendría que ir al Congreso para su ratificación.
La ejecución de la concesión descansaría en lo establecido en el artículo 9 del decreto 667-04, que da poderes especiales a determinados funcionarios del estado para hacer las negociaciones.
“El presente Decreto otorga Poder Especial al Director General y al Presidente del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), al Director del Instituto Agrario Dominicano y al Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas para que, en nombre y representación del Estado Dominicano, en las funciones que les conciernen, suscriban con la Empresa Concesionaria los contratos que rijan la operación de cada una de las actividades comerciales e inversiones a desarrollarse en el Área de Libre Comercio y Puerto Internacional de Manzanillo”, establece el artículo 9, del decreto 667-04.
El reclamo de los productos de banano
Representativos de la Asociación Nacional de Productores de Bananos (Adobanano) censuraron la concesión del puerto de Manzanillo, en un proceso que entienden es una clara violación a la ley 340-06.
Los bananeros alegan que el impacto económico y social de su producción en la Línea Noroeste, genera más de 215 millones de dólares al año,
“Actualmente se exportan semanalmente alrededor de 375 mil cajas de banano. Esta actividad genera más de 30 mil empleos directos y se benefician más de 300 mil habitantes de la Línea Noroeste, con un aporte promedio de 170 millones de pesos mensuales en salarios”, alegaron los bananeros, que advirtieron que no se cruzarán de brazos ante lo que entienden es un atropello contra su sector.
Falta transparencia
Empresarios profesionales independientes e instituciones de Santiago integran la Corporación Portuaria del Atlántico, avalada en una concesión, de la cual sus promotores se niegan a ofrecer detalles.
Aunque el acuerdo entre los empresarios locales y el Estado es de carácter público, los beneficiarios han evadido revelar las condiciones del contrato, cuando se les pregunta del caso sugirieren a los periodistas interesados en el tema esperar que se prepare la “estrategia de comunicación” y a la vez aconsejan intentan convencer a los reporteros sobre las bondades de la concesión para Santiago y el resto del país.
Al equipo de Acento.com.do le han prometido que cuando se decidan hablar del tema serán los primeros en tener las informaciones.
Según Miguel Lama (Miky), presidente de la Corporación de Empresas e Industrias de Zonas Francas de Santiago, quien hasta ahora ha dado la cara como el principal beneficiario del negocio, con un 20%, de las acciones, la concesión que fundamentó la creación de la Corporación Portuaria del Atlántico, es otorgada a Cementos Cibao, pero no ofrece más detalles.
Lama afirmó que no hay nada turbio en el acuerdo, sin embargo, tras recibir Acento.com.do, en sus oficinas el pasado 26 de abril, se negó a ofrecer datos del convenio con el Estado.
Lama dijo que los empresarios que componen la Corporación son personas con moral y trayectoria probada, que además han mostrado buenos resultados en los proyectos que han emprendido. Sin embargo, mantienen el silencio en torno al acuerdo y los términos de la concesión, dejando de lado que se trata de una operación con el Estado Dominicano en la que está envuelto un bien público, y por tanto debe hacerse de cara a toda la población, pues no es sólo un negocio privado.
Sobre los bananeros, dijo que los invitaron a participar, y no se explica el porqué no están en la recién formada corporación beneficiaria de la entrega del puerto de Manzanillo. Los reconoce como una parte importante, por su condición de exportadores.
En el traspaso de las autoridades del puerto a los empresarios santiagueros, no se establece cuales serían los beneficios del Estado por la entrega de las instalaciones, a no ser las aportaciones propias del pago de impuestos por las operaciones, es decir que por el usufructo del puerto no se habla de algún pago de parte de los beneficiarios.
Movimiento
Los empresarios locales apuestan al éxito de las transacciones de importación y exportación con la reestructuración del muelle, en el cual se proponen hacer una primera inversión del 250 millones de pesos para su readecuación.
En un encuentro desarrollado el pasado 14 de abril, en el Centro para la Capacitación y la Excelencia (CAPEX), Lama valoró como trascendentales los aspectos positivos que en términos comerciales se alcanzarán con la operación del muelle de Manzanillo, cuyas operaciones, en la actualidad suman unas 156 visitas de barcos al año.
Según relató el empresario, por este puerto se hacen transacciones comerciales que se sitúan en 90 millones de dólares al año.
En ese sentido consideró que a partir de que se hagan los arreglos estructurales contemplados en la inversión, en un plazo de tres a cuatro años, el monto de los negocios se espera suba entre 190 y 250 millones de dólares.
El empresario explicó que las ventajas comerciales que dará el uso del Puerto de Manzanillo a la zona, permitirá ampliar el horizonte de los negocios, ya que abarataría los costos de las exportaciones y de las importaciones, por la buena ubicación estratégica del embarcadero.
Contradicciones
Alrededor de las negociaciones y el traspaso del Puerto de Manzanillo se han generado contradicciones entre sectores empresariales que, según las informaciones obtenidas por Acento.com.do, están ligadas a la oposición que hacen algunos accionistas que aspiran a dirigir la Corporación Portuaria del Atlántico.
Según el acta de inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, de la Dirección General de Impuestos Internos, los accionistas de la Corporación del Atlántico, la Corporación de Empresas e Industrias de Zonas Francas de Santiago, es el principal inversionista, con un 20 %, le sigue Icaros Consulting, SRL, con un 19.77 %.
La concesión emanada del decreto 667-04, establece que los beneficiarios con la entrega del puerto tienen las responsabilidad hacer inversiones para la mejoría estructural del muelle, incluida la readecuación tecnológica.
El Estado dispondrá del arrendamiento de 3 millones 363, 000.00 metros cuadrados en terrenos contiguos al muelle.
En relación a las contradicciones que han surgido, el senador de Santiago, Julio César Valentín, valora que la inversión que propone de parte del sector empresarial, sin embargo, se abstiene de opinar entorno a la pertinencia o no del acuerdo del Estado con los empresarios.
El legislador valora que la reactivación del puerto de Manzanillo generaría empleos y una actividad económica conveniente para miles de familias que viven en una zona deprimida.
Ve con agrado que las operaciones del puerto puedan abaratar los costos de transporte para los empresarios exportadores en la región del Cibao.
Asimismo, la privatización del Puerto de Manzanillo es vista por algunos sectores empresariales como una competencia desleal para las operaciones que se llevan a cabo en el muelle de Puerto Plata, en donde los usuarios no cuentan con exoneraciones ni facilidades del Estado. Sin embargo, el empresario Miguel Lama afirma resta importancia a esas advertencias.
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