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Castillo recordó que el plan de gobierno de Danilo concibe la necesidad de cambiar la manera en que el Estado gasta e invierte, que sea transparente, que persiga objetivos prioritarios consensuados por la sociedad
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Para enfrentar la corrupción administrativa estatal, el plan de gobierno del candidato presidencial Danilo Medina trabajará por la instauración de un sistema de sanción fuerte y funcional, debido a que la sociedad “no puede seguir siendo tolerante con ese tipo de comportamiento”.
Así lo anunciaron el economista Guarocuya Félix y el doctor Pedro Luis Castellanos, integrantes del equipo técnico del candidato presidencial del gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Entrevistados por los periodistas Manuel Jiménez y Ängel Barriuso en Propuesta de la Noche por Digital 15, explicaron que el sistema de sanción es concebido en el programa como el desarrollo de instrumentos que permitan convertir las denuncias de corrupción en investigaciones que concluyan en expedientes con valor judicial.
Eso significa, dijeron, que los órganos con funciones de prevención convertidos en instrumentos con capacidad para instruir expedientes puedan actuar incluso motu proprio, porque el sistema de consecuencias es el que tiene que cumplirse.
Guarocuya Félix, superintendente de Valores en licencia, consideró que con la presión tributaria actual, de 13% según cifras oficiales, no es posible ejecutar todas las iniciativas del programa de gobierno de Danilo Medina
En otro orden, Guarocuya Félix, superintendente de Valores en licencia, consideró que con la presión tributaria actual, de 13% según cifras oficiales, no es posible ejecutar todas las iniciativas del programa de gobierno de Danilo Medina
Por eso recordó que el candidato insiste en la necesidad de un pacto fiscal que permita ver materializada la meta social de tener un estado con servicios de salud y de educación de calidad, definido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
Aclaró que tampoco es posible ejecutar las iniciativas del plan con la actual composición de la presión fiscal ni con las mismas estancadas figuras impositivas vigentes desde 1992, por lo cual favoreció un acuerdo con el Fondo Monetario para un nuevo programa de consolidación fiscal.
Advirtió empero que ese programa de consolidación fiscal requerirá primero ser sustentado por una mejoría en la calidad del gasto, “una nueva fiscalidad” que incluya a los municipios dentro de la nueva definición constitucional de estado económico, social y de derecho.
En ese sentido, Castillo recordó que el plan de gobierno de Danilo concibe la necesidad de cambiar la manera en que el Estado gasta e invierte, que sea transparente, que persiga objetivos prioritarios consensuados por la sociedad.
Mientras que en ese mismo sentido Guarocuya acotó que “si la calidad del gasto no mejora, no pueden plantearse nuevos ingresos”, porque hay que ganar primero la confianza del pueblo en que el dinero será bien invertido.
Los dos miembros del equipo técnico del candidato presidencial dijeron que Danilo se proponen descontar la deuda social acumulada en los indicadores de pobreza y pobreza extrema y deficiencias en los servicios públicos, entre ellos los de salud y educación.
El programa plantea convertir en cuatro años a 1.5 millones de pobres en clase media en el país, donde según las cifras oficiales el 34% de la población es pobre, esto es 3.4 millones.
“Para salir de la pobreza no es sólo asignación de fondos temporalmente lo que se requiere sino también crear condiciones para que esa población se incorpore a la dinámica económica y social y, para hacerlo, el gran eslabón es unificar la pobreza al área social, generar al menos 400 mil puestos de trabajo digno con énfasis en los jóvenes y las mujeres”, dijo Castillo.
Además un sistema educativo público de calidad con capacidad de generar ciudadanía y que se incorpore al sistema de desarrollo, y una cobertura universal de la seguridad social, protección a la primera infancia, a la juventud, a la tercera edad y a las personas con discapacidad.
Mientras que Guarocuya explicó que la estrategia de empleos consiste en reformas que permitan a las empresas operar en un entorno más favorable por el lado de la demanda de puestos y, por el otro, aplicar políticas activas de empleo.
Definió política activa de empleos como la inclusión en la formación técnica y profesional del segmento poblacional que ahora no tiene acceso a la misma, combinado con políticas de incentivos adecuados a las empresas, para generar una capacidad de empleo por un lado y por otra una capacidad de absorberlos.
“Por eso hablamos de la creación de un servicio público de empleo que implica la intermediación laboral, que tiene que ser público, universal y gratuito, un lugar donde las empresas demandarán la mano de obra y las personas ofertarán su mano de obra”, indicó. De Acento.
