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Roberto Rosario, la JCE y la diáspora


Por Sara Pérez

El diputado del Exterior, Levis Suriel Féliz, del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD), ha hecho unas denuncias excepcionalmente descriptivas sobre las ejecutorias de Roberto Rosario, el Presidente de la Junta Central Electoral, (JCE), quien dispuso el cierre, desde el pasado enero, de oficinas de esa dependencia estatal en el exterior,  tras hacer una rabieta cuando no le aprobaron el presupuesto de 4,549 millones al que aspiraba para el 2013.

Suriel Féliz dijo que Rosario actúa al frente de JCE como un “faraón”, tomando por su cuenta y de manera personal, decisiones como el cierre de las oficinas y la suspensión de los servicios de Registro Civil y Cédula de identidad y electoral en el exterior, al margen de lo contemplado por las leyes y de lo dispuesto en el presupuesto nacional, aprobado por el Congreso y por el poder Ejecutivo.

Sí, el doctor Rosario es autónomo y actúa por su cuenta y a su libre albedrío, poniendo en ridículo, entre otros, al Presidente del país, y lo que es realmente grave, agrediendo a la población que debía servir y a la que debía rendir cuentas.

El diputado Suriel tiene toda la razón en sus planteamientos. Las arbitrarias disposiciones de Roberto Rosario, efectivamente, tienen un carácter autoritario y personalista, que trastoca la institucionalidad en sus niveles más primarios, despoja de derechos y facilidades a la población dominicana en el exterior y se coloca con todo desparpajo, por encima de la ley y de las disposiciones del presupuesto, donde están designados los fondos para el funcionamiento de las oficinas cerradas.

También resulta, tal y como señala el diputado, que esas oficinas se auto sustentan económicamente y yo añado que serían un negocio excepcionalmente próspero para el gobierno, si aparte de cubrir los gastos justificados, no tuvieran que alimentar artificialmente a un partido y enriquecer irregularmente a los funcionarios designados para pagar favores político-partidarios.

Las deficiencias y abusos contra los dominicanos residentes en el extranjero, por parte del gobierno dominicano, tienen una arraigada tradición en los servicios consulares y de documentación.

Los consulados son una vergüenza, no solo nacional, sino internacional, cuyas administraciones jamás han sido transparentes; corriendo la manutención de esas hordas de parásitos a cargo de la diáspora que tiene que soportarlas para tener acceso a sus documentos. No se sabe a cuánto ascienden los ingresos de los cónsules y en qué por ciento está sobre poblada la nómina de los consulados.

Algunos cónsules se ensoberbecen de tal forma con el manejo medalaganario de poderes y recursos, que hasta se han negado a abandonar el cargo cuando son destituidos por el Presidente.

Al menos parte de ese síndrome ha afectado al faraoncito Roberto Rosario, que hace lo que le da la gana, incluyendo desmantelar parte de las estructuras del gobierno y clausurar su funcionamiento, sin parar mientes en lo establecido por el Congreso y el Poder Ejecutivo y, más grave aún, sin que el Congreso, ni el Poder Ejecutivo, se den por enterados de las irregularidades y excesos insólitos en los que este señor incurre.

Efectivamente, el doctor Rosario ha actuado como un faraón con el cierre, en el exterior, de las oficinas de servicios de cédula y registro civil, sin contar lo reservado por la memoria, ni siquiera la de más corto plazo, como la pintura morada que se le aplicó a la JCE durante las elecciones y el hecho de que no solo fuera pintura, sino que la institución, con registro civil y cédula incluidos, fungiera preferentemente  al servicio del partido en el gobierno y en muchos casos, como una prolongación del mismo y la corta vista de las autoridades al frente de la misma, en cuanto al uso de los bienes públicos en la campaña electoral, lo que desfilaba por las calles, con las estridencias de los relámpagos de una tormenta.

Los dominicanos que viven en el exterior constituyen una población que ha sido constantemente acosada, despojada, maltratada, estafada y asaltada por el gobierno dominicano, especialmente, a través de los servicios relacionados con las documentaciones, con tarifas exhorbitantes para la expedición de pasaportes y otros documentos y manteniendo en condición de embajadores una multitud bochornosa de botellas.

El cierre de las oficinas de la JCE por una pataleta del señor Rosario, que quiere más cuartos para desviarlos a donde a él le parezca, agrede y lastima a la población dominicana en el exterior, a la que se le multiplican los gastos económicos, la pérdida de tiempo y los incordios, con este nuevo chantaje.

El diputado Suriel mencionó un detalle que no se puede pasar por alto. En Estados Unidos hay una cantidad grande de dominicanos en condición de “ilegales”. Según él, la cantidad es de unos 400 mil. Si a esas personas se les dificulta en estos momentos obtener sus documentaciones de origen, es probable que al menos una parte, pierda la oportunidad de regularizar su estatus dentro de los Estados Unidos, en caso de aprobarse la reforma de inmigración que actualmente discute el Congreso de este país.

El Congreso dominicano y el Presidente Danilo Medina, debían intervenir para que el señor Rosario cumpla con la ley y tenga la amabilidad de permitir que las oficinas funcionen con los presupuestos ya establecidos.

No es posible que la desidia, la insensibilidad, la desconexión  absoluta de los funcionarios dominicanos con las necesidades y urgencias de la población que los mantiene, llegue a tales extremos.

*DE ACENTO.

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