WASHINGTON, 29 Mayo 2013 (AFP) - Averiguar si la reforma migratoria supone un lastre o un acelerador para la convaleciente economía estadounidense es objeto de encarnizados debates dentro y fuera del Congreso de ese país, hasta provocar incluso dimisiones. Jason Richwine, un analista de la fundación conservadora Heritage, abandonó su cargo el pasado 9 de mayo tras descubrirse que en 2009 publicó un estudio en el que constataba que el coeficiente intelectual de los hispanos, el mayor grupo inmigrante de los últimos 50 años, era inferior al de los blancos.
Richwine, doctorado en la Universidad de Harvard, se atrevió a vaticinar que a mediano plazo esa tendencia se mantendrá, puesto que los hijos y nietos de los inmigrantes hispanos mantendrán sus dificultades académicas, porque sus padres seguirán ocupando puestos de trabajo de baja cualificación.
Eso es negar la esencia del propio sueño americano, aducen los defensores de los inmigrantes, que consiguieron la semana pasada una importante victoria cuando una comisión del Senado aprobó el proyecto de reforma.
Richwine fue el coautor de un estudio de Heritage que cifró el coste de esa reforma, que incluye una vía para la ciudadanía de 11 millones de indocumentados, en 6,3 billones de dólares.
El otro responsable del estudio, el economista también conservador Robert Rector, defendió esa cifra este miércoles en un debate en el Centro de Política Bipartidaria, un ente que se esfuerza en reunir diferentes puntos de vista en el polarizado escenario estadounidense.
"Dada la actual situación fiscal, no podemos permitirnos arrojar 6 billones a gente cuya única razón que esgrimen es que llegaron aquí ilegalmente", dijo Rector en el debate.
Un analista del Centro para el Progreso Americano, cercano al Partido Demócrata, Robert Lynch, cree sin embargo que en lugar de representar un coste para el contribuyente, la reforma representaría un aumento de la recaudación pública del orden de 200.000 millones en diez años.
Ello gracias al aumento de la competitividad de esos trabajadores indocumentados (unos 8 millones en la actualidad), mínimo en un 25%, explicó Lynch.
"Comparen eso con la inaudita cifra de 6 billones de dólares que acaba de mencionar el doctor Robert", criticó Lynch en el debate.
"Somos una nación muy compleja, y cómo redistribuimos ese dinero no se refleja siempre" en los estudios sobre la inmigración, aseguró.
Competencia global --
La clave de la disputa está en saber si los inmigrantes recibirán más ayudas públicas que lo que contribuirán fiscalmente, o a la economía del país.
Para los conservadores, la respuesta está clara: el 59% de los hogares con un cabeza de familia inmigrante tiene acceso a alguno de los más de 80 programas públicos sociales, según Steve Camarota, director de investigaciones del Centro de Estudios sobre la Inmigración.
Para Rector, las implicaciones sociales y políticas son aún más sombrías, puesto que esos indocumentados compiten con la parte más vulnerable de la sociedad: los estadounidenses más pobres, cuyo volumen aumentó hasta niveles récord desde la crisis de 2008.
Además, la entrada masiva de millones de indocumentados al mercado legal "provocará una caída de los salarios", dijo Rector.
"Recuerden: los once millones (de ilegales) ya están aquí", compitiendo día a día, replicó Robert Lynch.
A nivel salarial, "los estadounidenses de bajo nivel compiten con los trabajadores de bajo nivel en todo el mundo", recordó por su parte Douglas Holtz-Ekin, ex director de la Oficina del Presupuesto del Congreso (CBO).
El CBO debe publicar en breve un estudio actualizado del impacto de la ley de reforma, que tiene más de 800 páginas y centenares de nuevas disposiciones.
Rector advirtió que el CBO sólo tiene en cuenta el impacto presupuestario durante los próximos diez años.
La legalización definitiva de los indocumentados tendrá lugar, si se aprueba la ley, en trece años, recordó.
Pero a los conservadores les han salido una creciente oposición interna: más de 100 economistas de esa tendencia política firmaron una carta pública la semana pasada en favor de la reforma.
El pleno del Senado debe examinar el proyecto la semana que viene, a su regreso de una pausa legislativa.
