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Masacre en Colorado no parece suficiente para que autoridades EE.UU. revisen segunda enmienda de la Constitución

memorial improvisado en Denver

Una masacre como la de Aurora es capaz de detener una campaña presidencial en EE.UU., pero no de destrabar el debate sobre el control de armas que resurge del letargo con cada evento de este tipo.

Tanto el presidente de EE.UU., Barack Obama, como su virtual rival republicano, Mitt Romney, suspendieron los actos de campaña en memoria de los 12 fallecidos que dejó el asalto armado en un cine en Aurora, un suburbio de Denver, durante el estreno de la última película de la saga de Batman.
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Pero ninguno de los líderes se refirió a la polémica sobre la necesidad de regular la posesión de armas personales, sobre todo las versiones civiles de equipos militares, como uno de los rifles de asalto usados por el presunto atacante de Denver, James Holmes.


Que los políticos no se refieran al tema no significa que no esté abierta nuevamente la polémica, que se reactiva con cada tragedia como la de Aurora. El debate empezó inmediatamente en los medios de comunicación.

Pero la experiencia muestra que el debate se disipa cuando las familias se recluyen en su duelo y el interés informativo cambia de foco, dejando el tema sin resolver hasta que la próxima tragedia lo reponga en la palestra.

"Hora de hacer algo"

El alcalde de Denver, Michael Hancock, es parte de la Coalición de Alcaldes contra las Armas Ilegales.
Ni siquiera el alcalde de Denver, Michael Hancock, quien forma parte de una coalición de funcionarios municipales llamada Alcaldes contra las Armas Ilegales, sugirió algo sobre leyes más estrictas para el porte de armas.

En cambio, su compañero de grupo, el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, pidió a Obama y Romney hacer algo porque "no creo que haya otro país desarrollado en el mundo que tenga ni remotamente el problema que nosotros tenemos".

"Las palabras de consuelo son agradables, pero quizá es tiempo de que las dos personas que quieren ser presidentes de EE.UU. nos digan qué van a hacer al respecto", dijo.

Pero en el pasado este mismo tipo de adolorida indignación no ha tenido eco en los pasillos del Congreso y tampoco parece reflejarse en la opinión pública.

En 1990, el 78% de los estadounidenses favorecía un endurecimiento de las leyes con relación a la compra y tenencia de armas.

En 2010, varias masacres y decenas de víctimas después, ese grupo se había reducido al 44%, de acuerdo con sondeos de la encuestadora Gallup.

Segunda Enmienda

Toda la discusión gira en torno a la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense y sus más poderosos e influyentes defensores: la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

"Una milicia bien regulada, necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a mantener y portar armas no deberá ser infringido", reza el texto redactado en 1791.

Mucho se ha discutido sobre cómo el país de aquellos años, inseguro aún en su recién adquirida independencia, justificaba que la población estuviera armada presta para la defensa nacional.

Hoy el NRA defiende el derecho a armarse como una manifestación más de la independencia, pero la del individuo frente al Gobierno y el Estado, instituciones que son objeto de la desconfianza de los conservadores estadounidenses más radicales.

Súplica mexicana

En mayo del 2010 el presidente de México Felipe Calderón pidió ante una sesión conjunta del Congreso en Washington que se restituyera la veda de armas de asalto para controlar el flujo de armas hacia los grupos narcotraficantes.

Muy diplomáticamente Calderón se declaró admirador de la Constitución estadounidense y dijo comprender la Segunda Enmienda.

Pero al final, sus palabras fueron calificadas por no pocos congresistas estadounidenses como una grosera injerencia en política interna.

Y aunque el NRA sin duda goza de mayores simpatías entre políticos republicanos, hay muchos demócratas que respaldan la interpretación que el grupo hace de la Segunda Enmienda, bien por convicción política o por conveniencia electoral, sobre todo aquellos que buscan sus votos en circuitos rurales y conservadores.

Debilidad financiera

Del otro lado del debate están la Campaña Brady y el Centro Brady para el Control de Armas, organizaciones gemelas que promueven el endurecimiento de los controles al comercio de armamento para civiles.

En 1994, el Centro Brady se anotó un triunfo con la aprobación de la última ley importante relacionada con el control de armas: la prohibición del comercio de rifles semiautomáticos de asalto.

Pero los grupos como el Centro Brady están en desventaja financiera frente al NRA y sus afiliados, que en 2010 recaudaron US$253 millones de individuos, corporaciones y fabricantes de armas.

En cambio, en el mismo año los ingresos del Brady fueron poco menos de US$6 millones, incluso una tercera parte menor de lo que recaudaba tres años atrás.

Por la manera como se maneja la política en EE.UU., donde -gracias justamente a otra enmienda constitucional, la Primera- los grupos de interés participan en el diseño de las leyes, esa minusvalía financiera implica menor capacidad de influir en el proceso legislativo.

En 2004 la veda de armas de asalto expiró sin que sus promotores lograran la prórroga.

En cambio, cada vez más los estados han venido aflojando regulaciones para permitir que los ciudadanos lleven armas ocultas en lugares públicos o han despenalizado el uso de fuerza letal en casos de autodefensa.
Sin iniciativas

La Asociación Nacional del Rifle defiende el derecho a armarse.

El presidente Obama no ha tomado iniciativas frente al Congreso para promover controles que como senador y como candidato presidencial siempre dijo favorecer.

Es poco probable que Obama desee plantear ahora un debate tan divisivo como poco rentable electoralmente.

Mucho menos Romney, pese a que el republicano no es visto como uno de los conservadores más cercanos al NRA.

El argumento suele ser que el debate no puede aprovecharse del luto y el sufrimiento de las familias de las víctimas.

Pasados algunos días, el reclamo de Aurora quedará para los aniversarios, como han quedado hasta ahora las matanzas en Columbine, Virginia Tech o Tucson.

Y con cada aniversario su impacto en la opinión pública se irá diluyendo como un mal recuerdo.

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