El ex Fiscal del Distrito Nacional, José Manuel Hernández Peguero, advirtió que el cambio de versión en los tribunales de mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, dificulta los procesos judiciales y pone en dificultades en términos probatorios al Ministerio Público.
Afirmó que ante esta situación, los fiscales deben prepararse para que puedan recabar otras pruebas con las convenzan al juez de la existencia de la comisión del delito y la peligrosidad del infractor.
Atribuye el que mujeres víctimas de violencia desistan de las acciones en contra de sus agresores al estado de dependencia psicológica y emocional, que también las lleva a no interponer denuncias ante las autoridades.
Hernández Peguero comentó que el desistimiento y la retractación de la mujer frente a su agresor colocan el proceso en riesgo de que pueda caerse.
“Sin embargo, ya sabiendo eso el fiscal, lo que corresponde ante la determinación de que es un delito de acción pública y que, si bien importa, no es todo determinante que la víctima pueda ayudarle, lo correcto es que busque otras pruebas más allá de la declaración o del sustento que pueda dar la víctima con la información que pueda suministrar al tribunal”, explicó.
Especificó que la presentación de certificado médico que demuestre la violencia física ejercida, los estudios psicológicos que se le hacen a la víctima y al agresor, contribuyen a evitar que el proceso pueda caerse en los tribunales.
“No necesariamente el caso se cae, no necesariamente hay un punto de desventaja tan grande que impida mantener una acusación, es importante, pero no determinante”, acotó.
Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 5:00 a 6:00 de la tarde, por Santo Domingo TV, Hernández Peguero, quien es juez del Tribunal Superior Electoral (TSE), dijo que la situación todavía tiene solución, porque no se torna inmanejable donde se pueda decir “que hemos perdido, que hemos fracasado”.
Sugirió que la violencia en contra de la mujer sea trabajada por fiscales especializados, comprometidos con una persecución eficaz y la protección a la víctima, así como lograr en el menor tiempo posible la aprehensión del agresor.
Calificó como un riesgo previsible el que mujeres víctimas de violencia traten de cambiar su versión cuando el caso llega a los tribunales, porque son situaciones que no escapan de la realidad.
Citó que el estado emocional dependiente de una mujer, incluyendo la dependencia no tan solo afectiva, psicológica y emocional, sino también la material, hace posible que la mujer cambiar su versión y dificulte el proceso judicial.
“Es importante destacar el acceso a la justicia de la mujer, es decir, antes de la atención debe estar cómo, cuándo y por qué medio va a llegar la mujer a la justicia”,dijo.
Planteó que la puerta de entrada de los casos de violencia de género e intrafamiliar al sistema judicial no sea el tribunal de primera instancia, sino los juzgados de Paz, los cuales están diseminados en todo el territorio nacional.
El magistrado valora mucho como iniciativa eficaz el que a la mujer se le permita accesar a la
justicia, al Ministerio Público de una manera rápida, segura como primer paso para lograr impactar en las tasas de feminicidios y violencia contra la mujer.
Hernández Peguero afirmó que cuando una mujer toma la decisión de denunciar a su pareja, hay quedarle importancia cuando es atendida por primera vez.
Sostuvo que la atención del psicólogo es básica, pero más allá de eso durante el proceso de investigación, que incluirá la protección a ella y la persecución al agresor, debe tener un espacio en donde sea abordada por otros tipos de profesionales que le permitan que esa conducta de violencia a que fue sometida sea resarcida.
“Y para eso se necesitan terapias, terapias que no la puede dar el psicólogo, en la Fiscalía Barrial o en el centro donde recibe la denuncia”, expuso, tras considerar que el lugar adecuado es el Centro de Atención a Mujeres Víctimas de la Violencia.
Consideró que el abordaje integral de la violencia de género requiere la participación intersectorial y multiprofesional.
“Es decir, no tan solo puede entenderse que la solución está radicada en la atención que le da al caso, a la víctima el fiscal, el fiscal es un persecutor y protector”, observó.
Hernández Peguero consideró que el abordaje integral del caso debe contar con los profesionales de la conducta y médico, que le permita certificar los daños sufridos por la mujer.
También por el aparato policial, que requiere de la protección para evitar que una mujer agredida pueda ser nuevamente ultrajada. Noticiassin.com
