Editorial sin desperdicios

Tomado del combativo y brillante periódico El Nacional

Ridículo y burlón

La Junta Central Electoral (JCE) ha dispuesto suspender a partir del viernes los planes sociales del Gobierno y Ayuntamientos, en una medida que por tardía se acerca a lo ridículo. Con esa resolución, la Cámara Administrativa de la JCE pretende librarse de las censuras vertidas sobre sus jueces por su evidente indiferencia ante el uso y abuso de recursos públicos en la campaña electoral. Prohibir 48 horas antes de las elecciones que gente del Gobierno y de los cabildos distribuyan canonjías resulta risible, pues se trata de una decisión cosmética que al parecer procura guardar apariencias. La JCE debió al inicio de la campaña electoral impedir que dependencias públicas volcaran presupuestos en favor de candidatos del partido oficial y evitar situación similar con recursos de Ayuntamientos controlados por partidos de oposición. Esa mentada iniciativa cautelar se recibe con más indignación que aplauso porque intenta ocultar un dilatado comportamiento negligente o de indiferencia respecto a recurrentes denuncias sobre uso de recursos estatales en el proceso comicial. El juez Roberto Rosario sostiene que la prohibición de los programas sociales del Gobierno procura consolidar la tranquilidad y paz que caracteriza al proceso electoral. Se insiste en señalar que esa resolución que se aplicaría horas antes de las votaciones resulta tardía, ineficaz, simbólica y burlona. El daño ético, jurídico y moral ya está hecho.