Por Juan TH
El prófugo Figueroa Agosto no llamó a la Z-101 para hablar sobre la acusación de narcotráfico; ni para esclarecer la misteriosa desaparición de Sobeida. Llamó para proteger y/o encubrir a sus socios civiles y militares del gobierno. El aumento de los combustibles durante el feriado tenía como propósito sacar de los medios el caso de Agosto, Sobeida, las Peláez, el coronel asesinado... Agosto es un fantasma que recorre los pasillos del Palacio Nacional, de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los hermanos Benítez, acusados de estafar con más 110 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos, también escaparon misteriosamente. Sólo en Higuey tenían 38 propiedades turísticas. Sus socios eran funcionarios. Con la rapidez del rayo, el caso fue sacado de los medios. Uno de los hijos de los Benítez entró por el aeropuerto Las Américas para “aclarar” los negocios. Las inversiones de los Benítez están resguardadas. Del secuestro de Eduardo Baldera Gómez ya nadie habla. La policía asesinó a William Batista Checo y Cecilio Díaz, desapareció a dos más. Los oficiales acusados de las muertes están en libertad. Alrededor del asesinato de siete personas en Ojo de Agua, Baní, “el caso Paya”, los verdaderos responsables no están presos. Hay mil 500 kilos de cocaína y 15 millones de dólares. Nadie sabe dónde está la droga, ni el dinero. Sin embargo, hay 27 imputados. Los ocho kilos colocados en el expediente no pertenecen a Paya. A los siete muertos se suman otros que saldrán a la luz durante el juicio de fondo. Es difícil que los jefes de la operación terminen en la cárcel. Agosto logró muchas conexiones. ¿Quién en su sano juicio puede creer que dos coroneles son culpables de todo el entramado de complicidad? ¿Por qué nadie cita a los civiles? ¿Por qué no muestran los vídeos “lascivos y concupiscentes” que tiene el Ministerio Público? ¿Por qué no dicen quienes aparecen?Pronto vendrá otro escándalo. Alicia Ortega reúne pruebas de corrupción sobre el asfaltado de calles y carreteras. También mostrará documentos que probarán que un secretario de Estado, que a su vez es un recaudador, se asignó -a sí mismo- más de tres mil millones de pesos. Nuria Piera, que no se queda atrás, traerá lo suyo. Y nada pasa ni pasará. El Ministerio Público está atado de pies y manos por el Poder Ejecutivo. Ningún caso de corrupción o narcotráfico que involucre altos funcionarios civiles y militares, tendrá solución.
El prófugo Figueroa Agosto no llamó a la Z-101 para hablar sobre la acusación de narcotráfico; ni para esclarecer la misteriosa desaparición de Sobeida. Llamó para proteger y/o encubrir a sus socios civiles y militares del gobierno. El aumento de los combustibles durante el feriado tenía como propósito sacar de los medios el caso de Agosto, Sobeida, las Peláez, el coronel asesinado... Agosto es un fantasma que recorre los pasillos del Palacio Nacional, de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los hermanos Benítez, acusados de estafar con más 110 millones de dólares al Gobierno de Estados Unidos, también escaparon misteriosamente. Sólo en Higuey tenían 38 propiedades turísticas. Sus socios eran funcionarios. Con la rapidez del rayo, el caso fue sacado de los medios. Uno de los hijos de los Benítez entró por el aeropuerto Las Américas para “aclarar” los negocios. Las inversiones de los Benítez están resguardadas. Del secuestro de Eduardo Baldera Gómez ya nadie habla. La policía asesinó a William Batista Checo y Cecilio Díaz, desapareció a dos más. Los oficiales acusados de las muertes están en libertad. Alrededor del asesinato de siete personas en Ojo de Agua, Baní, “el caso Paya”, los verdaderos responsables no están presos. Hay mil 500 kilos de cocaína y 15 millones de dólares. Nadie sabe dónde está la droga, ni el dinero. Sin embargo, hay 27 imputados. Los ocho kilos colocados en el expediente no pertenecen a Paya. A los siete muertos se suman otros que saldrán a la luz durante el juicio de fondo. Es difícil que los jefes de la operación terminen en la cárcel. Agosto logró muchas conexiones. ¿Quién en su sano juicio puede creer que dos coroneles son culpables de todo el entramado de complicidad? ¿Por qué nadie cita a los civiles? ¿Por qué no muestran los vídeos “lascivos y concupiscentes” que tiene el Ministerio Público? ¿Por qué no dicen quienes aparecen?Pronto vendrá otro escándalo. Alicia Ortega reúne pruebas de corrupción sobre el asfaltado de calles y carreteras. También mostrará documentos que probarán que un secretario de Estado, que a su vez es un recaudador, se asignó -a sí mismo- más de tres mil millones de pesos. Nuria Piera, que no se queda atrás, traerá lo suyo. Y nada pasa ni pasará. El Ministerio Público está atado de pies y manos por el Poder Ejecutivo. Ningún caso de corrupción o narcotráfico que involucre altos funcionarios civiles y militares, tendrá solución.
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