El gobierno de facto ha impedido la presencia en Honduras de una delegación de cancilleres latinoamericanos, encabezada por el secretario general de la OEA, para interceder en el proceso de suscripción del Acuerdo de San José como mecanismo para resolver la crisis política en nuestro país. Esta postergación trata de justificarla el gobierno de facto argumentando que, antes de la gestión de la OEA sobre el terreno –una vez que el presidente constitucional Zelaya Rosales ha regresado a su país--, debe dársele una oportunidad más al presidente-mediador Arias para conseguir la firma del Acuerdo de San José, supuestamente por sugerencia del ex presidente norteamericano Jimmy Carter. Resulta sugestivo el pedido del gobierno espurio de Micheletti, puesto que, en primer lugar, ha tenido bajo estado de sitio a Honduras, con suspensión de los vuelos comerciales de las líneas aéreas internacionales, precisamente para impedir la programada visita a Tegucigalpa de la referida delegación de cancilleres y del secretario general Insulza, de la OEA. También porque el presidente Arias ha manifestado públicamente hace pocos días que no tiene intención –por no decir interés—de viajar a Honduras para seguir el juego de la mediación con el fin de lograr el Acuerdo de San José, que ya se parece al deleite infantil “a la víbora de la mar…” Suponemos que el presidente Arias, Premio Nobel de la Paz, ya no está más para tomaduras de pelo. Pensamos de ese modo porque, independientemente del enorme prestigio mundial y la filantropía del presidente Carter, el gobierno de facto luce irredento en su locura dictatorial. Una locura que, por otra parte, no exime al gobierno golpista de la responsabilidad política y penal. No en vano el presidente Arias ha recalcado, en entrevista a la BBC, que “hasta el día de hoy el gobierno de facto se ha negado a esa posibilidad”, o sea la de aceptar que “El punto esencial de dicho Acuerdo (de San José) es la restitución de Manuel Zelaya Rosales como presidente constitucional” de la República de Honduras. Tampoco se toma en cuenta, a la hora de orquestar la treta dilatoria recurriendo a la buena fe del presidente Carter, que el proceso orientado a la aplicación del Acuerdo de San José ha tenido que ser pasado a las manos de la OEA para no dejarlo en estado cataléptico, ya que, como lo expresa el presidente Arias a la BBC, “si no se quiere cumplir el Acuerdo de San José, no hay más sobre la mesa”. Y ese “no hay más sobre la mesa” implica un montón de cosas, todas ellas desagradables y desastrosas, entre la que destacan la no realización de las elecciones generales proyectadas para noviembre, o el no reconocimiento internacional del resultado de unas elecciones generales efectuadas en un régimen de facto en el que están coludidos los poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial—, el Tribunal Supremo Electoral y las Fuerzas Armadas, en tanto asociados en el golpe de Estado del 28 de junio. Otra de las consecuencias es de mayor desgracia para Honduras y los hondureños: el cataclismo económico en marcha, que, por ejemplo, causa pérdidas de mil millones de lempiras en el producto interno bruto cada día de estado de sitio, y que, asimismo, tendrá quebrada a buena parte de la banca privada hondureña a fines de este año. Así de terriblemente costosas para nuestra patria y para la sociedad hondureña son las tretas fatales del gobierno de facto. *Editorial del periódico El Tiempo de Honduras.
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