Sin sexo no hay paraíso...

Santo Domingo.- Las autoridades dominicanas dispusieron hoy, lunes, el traslado de 22 internas de la cárcel pública de Najayo (sur del país), las cuales intentaron amotinarse en reclamo de que se les permita tener sexo con sus parejas en el penal, igual que a los hombres recluidos allí. La directora del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, Patricia Lagombra, dijo que las reclusas fueron enviadas al penal de La Romana, al este del país. Lagombra explicó que el incidente se originó cuando las internas Orquídea Reyes y Diomaris Valdez sostuvieron una reyerta y fueron referidas ante la supervisora del día, quien luego de una evaluación dispuso su envío al área de reflexión, a lo que Reyes se resistió y tuvo que ser sometida a la obediencia por personal de seguridad del centro. Según fuentes, el pleito entre las reclusas se originó por la disputa de un vibrador. La dirección de la cárcel de Najayo manifestó que Reyes comenzó a gritar y sus compañeras en los pabellones pensaron la estaban agrediendo físicamente y comenzaron a sonar los candados, sillas, lockers y a romper objetos y lanzaron orina a los policías que trataban de controlar la situación. Las reclusas denunciaron que son discriminadas porque mientras a los hombres recluidos en ese penal se les permite tener relaciones sexuales con sus parejas, y hasta con prostitutas que acostumbran visitar la cárcel, a ellas se les niega ese derecho. También argumentaron que el personal de seguridad ha despojado a algunas internas de vibradores, consoladores y otros objetos de estimulación sexual que les hacen llegar a la prisión. Mientras, en Santiago, la segunda ciudad al norte del país, varias reclusas se han alborotado exigiendo a las autoridades que les permitan relaciones conyugales. Ante esa situación, el subcoordinador del recinto carcelario, Ismael Paniagua Guerrero, dispuso reforzar la seguridad de la cárcel para evitar amotinamiento de las reclusas. En el Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey, de Santiago, las confinadas denunciaron que la seguridad de ese recinto despojó de un consolador y un pene de goma a dos internas que los alquilaban a sus compañeras a $1.38 por 15 minutos. La procuradora de la Corte de Apelación de Santiago, Bielka Calderón, dijo que ordenó que los dos objetos se les devolvieran a las internas, con la advertencia de que no deben usarlos como negocio. Calderón reconoció que es una discriminación que mientras a los internos se les permite tener sexo en la cárcel a las reclusas se le prohíbe. No obstante, explicó que el caso es delicado porque muchas de las internas podrían tener relaciones sexuales como pretexto para embarazarse y evadir su responsabilidad penal, debido a que la ley en esos casos es flexible.