Cuando Joaquín Balaguer, a quien creíamos el rey del militarismo dominicano, entregó el poder a Fernández en 1996, los generales eran unos 75. Sus dos sucesores salidos de las entrañas “liberales” del partidismo nacional se encargaron de cuadruplicarlos.
Por Juan Bolívar Díaz
Uno de los aspectos más acertados del reciente discurso del presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional fue el referente al excesivo número de generales que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aunque, como es habitual en la falta de transparencia, no le dijo al país cuántos son. La última vez que se tuvo una información “de fuentes bien informadas”, al comienzo del actual período gubernamental, sumaban 299. Desde entonces se ha detenido la fiebre del generalato que han sufrido el presidente Fernández en sus dos períodos completos de gobierno y el presidente Hipólito Mejía en sus cuatro años. Cuando Joaquín Balaguer, a quien creíamos el rey del militarismo dominicano, entregó el poder a Fernández en 1996, los generales eran unos 75. Sus dos sucesores salidos de las entrañas “liberales” del partidismo nacional se encargaron de cuadruplicarlos. Como ya es inocultable el deterioro que se registra en las instituciones militares y la policía, infiltradas hasta el tuétano por el narcotráfico y la delincuencia general, el presidente Fernández parece haber hecho conciencia de la necesidad de reducir el generalato. Se queda corto porque deberían ser achicados todos los niveles de las Fuerzas Armadas, hoy integradas por 53 mil miembros activos, un 80 por ciento más que en 1996. Tienen además un exceso de oficiales, no sólo de generales, tantos que hace cuatro años el jefe del Ejército aseguró que ese cuerpo tenía más oficiales que clases, por lo que anunció el reclutamiento de 5 mil soldados. Pero lo real es que en este tercer período de gobierno, Fernández ha comenzado a reducir el generalato. Según informes sumaban unos 290 antes de que la semana pasada fueran retirados 10 militares y 14 policiales para un total de 24, como fueron ascendidos 7 el balance es de 17 menos, quedando 273, en su gran mayoría sin cargos específicos. La tarea es difícil, ya que hay más de un millar de coroneles esperando ascensos. Lo asombroso de la purga policial, donde cayeron algunos jóvenes y capacitados, es que se llevó al general Vinicio Hernández Méndez, el que junto a un Procurador General Adjunto y una fiscal provincial integró la comisión que investigó la muerte de Cecilio Díaz y William Batista, vinculados al secuestro del joven Eduardo Baldera. El informe final de los investigadores, en noviembre pasado, concluyó en que sobraban los testimonios e indicios de que los dos sospechosos fueron ejecutados, por lo que recomendó el sometimiento a la justicia de los responsables, entre los cuales se señaló al coronel Alberto Trejo Pérez. Hay que recordar que la PN y hasta el secretario de Interior impugnaron el informe, mientras el Ministerio Público lo sostuvo. Lo que asombra y parece una barbarie es que entre los retiros de esta semana aparezca el general Hernández Méndez, mientras uno de los ascendidos por decreto presidencial es el coronel Trejo. Lo que quiere decir que se castiga al investigador y se premia al acusado, que se reconoce a la jefatura policial y se degrada a la Procuraduría General, que se aplaude la barbarie de las ejecuciones institucionalizadas y se sanciona la institucionalidad judicial. Hay razones para presumir que el presidente Fernández, con sus múltiples responsabilidades ahora también internacionales, no estuvo consciente de esa barbaridad, pues entre los 4 mil 771 policías ascendidos había cientos de oficiales. A no ser que la herencia balaguerista lo esté llevando a esos extremos. Cabe entonces preguntar quién fue responsable de esa barbarie, si todo quedará como hecho cumplido, y hasta va a llegar la degradación en que se encuentra el estado de derecho, mientras tantos se lavan las manos como el Pilatos.-
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