Al nombrar a Marino Vinicio Castillo al frente del tema ético y de transparencia de su gobierno se coloca en cuestionamiento el andamiaje moral lanzado por Danilo Medina en su discurso del 16 de agosto.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La designación de Marino Vinicio Castillo al frente de la nueva Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEG), quien fuera director de la anterior Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC), es una contradicción con los propósitos que se establece en el decreto 486-12 relacionado con las funciones de la nueva dependencia.
Castillo es un hombre estrechamente vinculado a sectores que han destruido el erario público, y como abogado fue representante durante varios años de uno de los imputados y condenados por corrupción, pese a desempeñar las funciones de director de la CNECC y de ser asesor en materia de drogas del Poder Ejecutivo.
Castillo tuvo serios conflictos de interés, entre defender a un imputado particular por el Estado, y ser funcionario público, devengando un salario y teniendo la responsabilidad de defender el Estado. Castillo es, además, presidente de un minúsculo partido político, la Fuerza Nacional Progresista, que ha representado y representa los intereses de la derecha más ortodoxa.
Su historial como hombre público no lo coloca en la condición de supervisar el comportamiento ético de los funcionarios públicos desde la DIGEG
Aparte de su pasado, no precisamente ético, relacionado con su defensa de un fraude electoral en 1978, o de haber sido uno de los mayores defensores de la dictadura de Rafael Trujillo Molina.
Su historial como hombre público no lo coloca en la condición de supervisar el comportamiento ético de los funcionarios públicos desde la DIGEG, como dijo Danilo Medina que en su discurso del 16 de agosto, de que ése sería el órgano que lo haría.
“Tendrá potestad para investigar las denuncias de corrupción por el solo rumor público, citar, interrogar, requerir informaciones a entidades públicas y privadas y aplicar sanciones disciplinarias, sin perjuicio de las que correspondan al Régimen Ético y Disciplinario de la Función Pública y a la Cámara de Cuentas”, dijo el presidente en su famoso discurso. “Además, esta instancia supervisará que los órganos con competencias en las acciones investigadas actúen con rapidez”.
Si se compara la actuación de abogado con las intenciones que le atribuye Danilo Medina a la DIGEG, se podrá encontrar muchas dudas sobre su viabilidad.
Dirigir una empresa ética como la que representa asumir los 42 puntos que le asigna el Decreto 486-12, para poner en marcha la transparencia en la función pública desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, requiere de mucha tolerancia y paciencia, y por supuesto de una gran capacidad gerencial y posibilidad de negociación y diálogo con todos los sectores de la sociedad. Que no es precisamente lo que ha caracterizado al doctor Vincho Castillo.
La renuncia de Gustavo MontalvoLa nueva DIGEC, y Vincho Castillo a su cabeza, tendrá la responsabilidad de ser el órgano rector en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la información, en el ámbito administrativo gubernamental, de acuerdo con el decreto 486-12.
La dependencia estará adscrita al Ministerio de la Presidencia, que dirige Gustavo Montalvo. Hay que recordar que Montavo fue el primer Director de la Unidad Técnica de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, con Leonel Fernández de Presidente de la República, y renunció en agosto del año 2005 con una carta en la que denunciaba al presidente de la República, y la renuncia fue por una licitación presumiblemente amañada relacionada:
Estimados:
Por este medio informo de mi renuncia a mi condición de Director Ejecutivo de Pro-reforma, Coordinación nacional del proyecto de Modernización y Reforma de la Presidencia de la Republica, de Coordinador Técnico de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción y enlace del Secretariado Técnico con el Consejo Nacional de Competitividad.
Mi renuncia está fundamentada por desacuerdo con decisiones presidenciales que, a mi juicio, vulneran la institucionalidad y principios innegociables.
Para mí ha sido una gran satisfacción laborar junto a ustedes por su alto espíritu de servicio y profesionalidad.
Les deseo seguir luchando por un mejor país donde imperen la institucionalidad, los principios y los valores democráticos.
Saludos Cordiales,
Gustavo Montalvo
Vincho y sus intereses
Otros problemas relacionados con los conflictos de intereses es que Vincho Castillo tiene una oficina de abogados y brinda servicios a quien lo solicite, incluye al Estado en caso de que lo solicitara. Representa a personas acusadas de malversación de fondos y cobra por su trabajo profesional. Sus hijos también son abogados y trabajan en esa oficina que él mismo encabeza, con la excepción del diputado Pelegrín Castillo. Esas oficinas están abiertas desde principios del siglo pasado, y son una herencia de su padre, Pelegrín Castillo, también abogado.
El decreto 486-12 transfiere todas las actividades y personal de la CNECC, que dirigía Vincho Castillo, a la DIGEC, desde donde el abogado también realizó actividades por la reelección de Leonel Fernández, pese a que la Constitución de la República le prohibía la repostulación. Castillo fue muy enfático en que la reelección era posible con algunas decisiones del presidente, como la realización de una especie de plebiscito que pudiera modificar la Constitución. Es un hombre de la absoluta confianza de Leonel Fernández, hasta el punto que solo cuando Fernández apoyó a Danilo Medina hizo que su hijo Pelegrín Castillo, entonces candidato presidencial de la FNP, dejara la candidatura y pasara a apoyar a Medina.
Las funciones de la SIGEIG
El decreto 486-12 define claramente las funciones de la entidad a la cabeza de la cual fue designado el abogado Marino Vinicio Castillo.
Entre las funciones de la DIGEIG está la de investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el régimen ético y disciplinario establecido en la Ley número 41-08, de Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las acciones correctivas oportunamente, y sin perjuicio de las funciones del Ministerio de Administración Pública.
Debe contribuir a desarrollar y fortalecer una cultura ética, de transparencia e integridad, promover los valores éticos y morales en la Administración Pública, así como dar seguimiento y asesorar a las Comisiones de Ética Pública para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y su participación activa en la dinámica institucional.
Es responsabilidad de la DIGEIG asesorar a los servidores públicos ante cualquier duda que puedan tener en el ejercicio de sus funciones, sobre comportamientos éticos y morales, y promover y realizar investigaciones en la administración pública sobre temas de ética e identificar oportunidades para robustecer el régimen ético.
Deberá diseñar y ejecutar programas de capacitación para los miembros de las Comisiones de Ética en las instituciones públicas y dar seguimiento a los compromisos pendientes de cumplimiento, de la Iniciativa Participativa Anticorrupción (IPAC), vinculados con los temas de ética y transparencia gubernamental.
Junto al Ministerio de Administración Pública (MAP) y el Instituto de Administración Pública (INAP), la DIGEIG diseñará programas de capacitación obligatorios en temas de ética destinados a los servidores públicos.
El decreto presidencial consigna que la DIGEIG solicitará a los servidores públicos obligados a presentar Declaración Jurada de Bienes, entregar un informe financiero anual, a fin de evaluar la consistencia con su declaración.
Para la definición de la estructura, procedimientos, descripción y perfiles de puestos y demás procesos técnicos a implementar para su buen funcionamiento, la entidad solicitará apoyo del Ministerio de Administración Pública.
El Pacto Ético firmado con Participación Ciudadana
También le asigna la responsabilidad de dar seguimiento al Pacto por la Ética y la Transparencia firmado por Danilo Medina con Participación Ciudadana y Transparencia Internacional. Fue Participación Ciudadana, como capítulo dominicano de Transparencia Internacional, que elaboró ese pacto y que firmaron los candidatos, incluyendo Danilo Medina, quien lo hizo junto a Margarita Cedeño en el local de la organización de la sociedad civil.
Castillo es enemigo de Participación Ciudadana y la organización ni siquiera es mencionada en el decreto. Solo habla del Pacto firmado con Transparencia Internacional, lo cual es una gravísima omisión y pone en tela de juicio la honestidad de sus intenciones.
Tan pronto se dio a conocer el decreto 486-12, Vincho Castillo emitió un documento de apoyo, diciendo que los alcances del decreto “son magníficos”, que sus “previsiones (son) muy abarcantes” y cuidadosas para no poner a chocar esas funciones con las del Ministerio Público.
Y precisa lo siguiente: “Lo que ordena a la DIGEIG es investigar y averiguar en el seno del Estado, a las dependencias y sus funcionarios, en relación a cuestiones propuestas por denuncias, señalamientos, que puedan provenir desde la sociedad y entiendo que si Participación Ciudadana, que afirma representar a la sociedad civil, se detiene a leer el Decreto, verá que el mismo manda y ordena el establecimiento de relaciones contínuas y fluídas con las organizaciones y entidades de la sociedad civil, entre los cuales ellos afirman ser cabeza”. Y eso, por supuesto, será un gran desafío para la cabeza de la DIGEIG.
Vincho se queja de una realidad que todo el mundo conoce: que la entidad que tenía a su cargo no cumplió mínimamente su papel en los últimos ocho años. “Sostener que la antigua Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción (CNECC) no desempeñó ningún papel, ni tuvo frutos su accionar, es una revelación penosa de prejuicio y de ignorancia deliberada, quizás inspirada en pasiones e intereses especiales cuya identificación no está a la vista todavía”.
Desde el surgimiento de Participación Ciudadana, en los años 90, Vincho Castillo ha sido un declarado enemigo de esta entidad, sobre la que ha despotricado en cada circunstancia política, llamándola al servicio de los intereses de los Estados Unidos. Vincho tiene ahora obligaciones de relacionarse con Participación Ciudadana, porque así lo manda el decreto 486-12, tomando en cuenta que es la representante de Transparencia Internacional en el país.
De igual forma, Participación Ciudadana tendrá que comunicarse con el gobierno, en materia de transparencia, a través de Vincho Castillo, pues es él quien dirige el organismo rector en esta materia.
En ambos casos, Danilo Medina ha colocado en una posición muy incómoda tanto a Vincho como a PC y ha colocado en riesgo la colaboración que debería existir entre las dos entidades en la lucha por la transparencia y contra la corrupción.
Vincho y el IPAC, que desarrolló la comunidad internacional
Y menciona como un éxito suyo la Iniciativa Participativa Anticorrupción, patrocinada por las agencias y organismos internacionales, bajo la coordinación del Banco Mundial, a petición del ex presidente Leonel Fernández. La sociedad civil hizo un seguimiento paralelo a esta iniciativa, y no quedó satisfecha, porque a la vista de todos sus intenciones quedaron en menos formalismos, sin evitar la corrupción generalizada, que Transparencia Internacional calificó como “corrupción rampante”.
“Durante un año y en trabajos incesantes los organismos internacionales encargados de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones, tanto de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la culminación de aquella experiencia, admitieron y afirmaron que se habían producidos procesos relevantes, aunque quedaron pendientes recomendaciones que están en curso, cuya realización se podrá hacer ahora con mayor celeridad desde la DIGEIG”, dice Vincho Castillo, quien ha sido un persecutor de la labor de esos organismos, las cuales impugna desde su postura de presidente del la FNP.
Vincho dice que ahora los resultados del IPAC están sometidos como proyecto de ley para que funcione como mecanismo permanente “y el Decreto de creación de la DIGEIG, entre las 42 atribuciones que le confiere, figura la de trabajar en todo lo que se refiere al impulso del Mecanismo de IPAC”, expresa en su comunicación el doctor Castillo.
Ahora es que Vincho habla de la lucha de todos. Y por supuesto, no recuerda para nada los hechos más recientes de corrupción, que empobrecieron al país, y que él defendió a fuego y espada en los tribunales, creando situaciones enojosas contra Rafael Camilo y contra Héctor Valdez.
“En realidad esto es una lucha de todos; aquí no hay protagonismo ni nichos esenciales. El aporte que pueda hacer cada quien en un esfuerzo para liberar al país del azote de las prácticas de corrupción, es el mismo que se está reclamando a escala mundial, incluso, en las propias naciones de alto desarrollo, donde las muestras de escándalos han venido a resultar incesantes”, expresa el doctor Castillo.
Y promete una política de puertas abiertas. Algo insólito, que pocos le creerán porque no lo ha practicado ni creído. “Nosotros, desde la Dirección General de Etica e Integridad Gubernamental (DIGEIG), tendremos las puertas abiertas y uno de los componentes de las atribuciones del organismo que más nos ha atraído la atención es el relativo a la cuestión de utilizar los Institutos de Auditoría existentes en el plano profesional y académico, a fin de que nuestras averiguaciones, cuando sean necesarias, estén avaladas y sustentadas en la seguridad técnica que ello implica”.
Con la designación de Marino Vinicio Castillo al frente del tema ético y de transparencia de su gobierno se coloca en serio cuestionamiento el andamiaje moral lanzado por Danilo Medina en su discurso del 16 de agosto, en donde hizo promesas enfáticas de buscar la honestidad en el gobierno y pidió que lo evaluaran por sus decisiones y no por sus palabras. Fausto Rosario/Director Acento.
