En España hay una palabra que a veces causa miedo, otras deseo y, en definitiva, mucha polémica: Nación. Ahora, el Tribunal Constitucional de ese país ha vuelto a abrir una herida nunca cicatrizada, con la verificación de la constitucionalidad del Estatuto de Cataluña, aprobado en referendo hace tres años y sobre el que pesa un recurso en contra. Si en comunidades autónomas como el País Vasco, Cataluña y Galicia el término nación reafirmaría el sentimiento de pertenecer a un colectivo con un origen, idioma y tradiciones comunes, quizás en Madrid o en el sur del país la palabra está ligada a Estado y soberanía. Son en estas diferencias donde la sangre de todos los españoles puede llegar a hervir. Y sobre estas diferencias semánticas e ideológicas el Tribunal Constitucional de España deberá emitir una sentencia. Los principales puntos de fricción de este marco legal son la definición de Cataluña como nación, en la que se reconoce a su bandera, himno y fiestas como símbolos nacionales; el derecho y deber de conocer la lengua catalana; así como la articulación del poder judicial catalán y la relación entre esta comunidad autónoma y el Estado español. Sus detractores consideran que el Estatuto, que ya está en práctica, contradice los dictámenes de la constitución española, que si bien reconoce las diferentes nacionalidades o regiones que componen el país, le atribuye el término de nación sólo a España en su conjunto. Quienes están a favor sostienen que aceptar el documento catalán es aceptar la "madurez democrática de una España plural", tal y como firmaron el jueves pasado una docena de periódicos catalanes con la publicación de un mismo editorial.
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