Los muertos de nadie

SANTO DOMINGO. Doblemente muertos. Así están decenas de personas asesinadas en el país y cuyos expedientes judiciales parecen haberlos seguido hasta la tumba. De ellos no se habla, pese a que fueron en su momento noticias principales. Y peor aún, los responsables de sus muertes nunca son atrapados, en una franca impunidad hacia al crimen, que se apoya muchas veces en las deficiencias del sistema judicial, según plantean algunos especialistas. La conmoción del más reciente opaca la del anterior, como si fuese una estrategia del destino para acallarlos. Entre ellos están los casos de Vianessa Capellán Pérez, conocida como Vianca La Gorda, asesinada de varios disparos en diciembre pasado. Por la muerte de la señora, de 38 años y de quien se dice era una reconocida proxeneta, todavía no se ha detenido a ningún culpable. También en junio del año pasado ocurrió el asesinato del ingeniero Héctor Virgilio Ortega Castillo, en el hotel Jaragua, y por cuyo hecho no hubo siquiera detenidos, pese a que la policía repitió en varias ocasiones que tenía datos y pistas muy buenas sobre el caso. En igual situación está el caso del agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) Guillermo Antonio Tejeda Krawinkel, asesinado por desconocidos el 3 de marzo del 2008 en San Cristóbal y a cuya muerte se vinculó a personas del narcotráfico. Tampoco hay responsables por el secuestro y muerte del empleado del Puerto Multimodal Caucedo, Ramón Argenis Guerra Florián, ocurrido en marzo de este año. Otros casos que están en el limbo son el del funcionario de Aeronáutica Civil, Ángel Christopher Martínez; el del abogado y dirigente peledeísta Federico Nina y el del camarógrafo de Santiago, Normando García, entre otros. Daniel Pou, sociólogo y especialista en seguridad pública, afirma que la generalidad de los casos queda sin solución, lo que atribuye a una deficiencia del sistema. Como parte de esa deficiencia cita la desarticulación que existe entre las labores del Ministerio Público y la Policía Nacional, así como el exceso de judicialización de los casos, que no permite que ambas instancias den abasto para darle seguimiento a cada uno.