Héctor Rodríguez Pimentel, en una actitud a todas luces chantajista e intimidatoria, mandó masivamente cartas en las que emplaza a los patrocinadores de El Informe con Alicia Ortega a eximirse de pautar su publicidad en ese programa "toda vez que serían pasibles de una demanda por difamación". Este delincuente está llevando las cosas bien lejos.
Fernando Hasbún, presidente del Servicios Informativos Nacionales (SIN), que difunde por la empresa televisora Antena Latina, “El Informe”, con Alicia Ortega, así como otras producciones noticiosas, acusó al director del Instituto Agrario Dominicano, Héctor Rodríguez Pimentel, de llevar a cabo una campaña de extorsión, chantaje e intimidación, contra los ejecutivos de ese grupo editorial. Hasbún basó su denuncia en lo que denominó como “una acción sin precedentes en las últimas décadas”, donde funcionario gubernamental conminó mediante acto de alguacil a las principales empresas del país para que se abstengan de colocar publicidad en el programa “El Informe con Alicia Ortega”, bajo la amenaza de que serían acusadas ante los tribunales. El presidente de SIN distribuyó en los medios de comunicación copia del acto del documento legal en que el director del IAD planta su amenaza a las empresas nacionales que difunden publicad en el popular espacio semanal de invetigación periodística, aduciendo que la productora y presentadora del programa, la periodista licia Ortega, supuestamente desarrolla una campaña de difamación en su contra. En una declaración emitida con respecto al emplazamiento de Rodríguez Pimentel, Fernando Hasbún afirma que Servicios Informativos Nacionales rechaza categóricamente lo que calificó como un intento burdo y malicioso de coartar el ejercicio del periodismo en la República Dominicana. El empresario periodístico advirtió al presidente de la República, Leonel Fernández, sobre el grave daño que este tipo de acciones de funcionarios de su gobierno puede ocasionar a la imagen de tolerancia y respeto que su administración a conferido a la libertad de prensa y libre expresión del pensamiento en el país. “Alertamos a los empresarios dominicanos a no dejarse intimidar por un funcionario cuyas ejecutorias han sido seriamente cuestionadas por la opinión pública y por las propias autoridades del la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción y del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa. Los anunciantes que colocan publicidad en un medio no cometen infracción penal alguna bajo la ley 61-32 sobre expresión difusión de pensamiento”, manifestó Hasbún. “También alertamos a los medios de comunicación, al Colegio Dominicano de Periodistas y a las instituciones de la sociedad civil a rechazar este intento de extorsión y chantaje, porque aceptar un despropósito similar puede constituir la liquidación del ejercicio libre del periodismo en este país”, indicó.
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