Santo Domingo, RD.-El abogado José Miguel Fernández, presidente del Consejo de Acceso a la Información por la Transparencia (CODAIT), condenó lo que consideró como una “errada decisión de pedir medida de coerción” contra el general retirado José del Carmen Ramírez (El Ranger).
Fernández expresó que el general, todas luces actuó en legítima defensa, ante delincuentes que pretendieron quitarle la vida al momento de atracarlo en su residencia.
El presidente del CODAIT, explicó que el hecho cometido por los delincuentes constituye robo agravado e intento de asesinato, por cuanto el general se defendió para preservar su vida y evitar que esos dos enemigos de la ley y la sociedad lograran sus propósitos.
Recordó que el forajido debe ser tratado como un rebelde que no respeta los derechos de los demás y de la sociedad, atacando a quienes desean vivir en convivencia pacífica y armonía con sus conciudadanos.
“El video es una irrefutable evidencia de que el general Ramírez actuó en defensa propia, por consiguiente no hay crimen ni delito, cuando el homicidio, es por la necesidad actual de la legítima defensa de sí mismo”, reiteró Fernández.
Asimismo, aclaró que ninguna persona debe quitarle la vida a otra por mero capricho, sin embargo en el caso del general Ramírez, éste lo hizo en defensa propia, por consiguiente él no quebrantó el ordenamiento jurídico sino que, en defensa propia procuró preservar su vida y sus bienes.
Destacó que el Artículo 321 del Código Penal dispone que, el homicidio, los golpes y las heridas son excusables, si de parte del ofendido han precedido inmediatamente provocación, amenazas o violencias graves.
Fernández agregó que el general tiene a su favor lo estatuido en el artículo 328 del referido código, al establecer que, “No hay crimen ni delito, cuando el homicidio, las heridas y los golpes se infieran por la necesidad actual de la legítima defensa de sí mismo o de otro”.
Este martes la Fiscalía de Santo Domingo pidió prisión preventiva contra El Ranger, pero el Tribunal de Atención Permanente de esa jurisdicción dejó en libertad bajo fianza al general retirado del Ejército.
A El Ranger se le impuso un millón de pesos de fianza, impedimento de salida y presentación periódica.
