El Tribunal Supremo de EE.UU. ratificó una parte clave de una ley de inmigración de Arizona que le permite a la policía del estado detener y verificar la identidad de cualquier persona que podría haber ingresado ilegalmente al país.
La cláusula es polémica porque le da a la policía el derecho de exigir a los detenidos prueba de su estatus migratorio sin motivo evidente para solicitarla.
La Corte Suprema anuló otros aspectos de la ley que equiparaba como delincuentes a los inmigrantes sin documentos que se encontraban viviendo en el estado o solicitando trabajo allí.
