Las caras eran largas y muchos caminaban como arrastrando los pies.
Algunos envueltos en la bandera paraguaya volvían al autobús que los había traído a la capital para brindarle su apoyo al hasta este viernes presidente de Paraguay, Fernando Lugo.
Pese a unas pequeñas escaramuzas poco después de que se conociese la remoción de Lugo del poder, en general el casco histórico de Asunción se vació rápido y parecía más un domingo en la madrugada que una agitada noche de viernes.
Raimundo, el anciano taxista que llevó a BBC Mundo a visitar Asunción, aseguraba que "quizás no se vea ningún problema hoy, pero lo que pasó puede darnos problemas en el futuro".
La preocupación de Raimundo -quien pese a ser opositor de Lugo no apoyaba su destitución- se centra en lo que parecía acaparar todas las conversaciones en Paraguay: ¿fue golpe o no fue golpe?
Las redes sociales contrastaban con la tranquilidad de las calles de Asunción. En internet hervía el debate sobre la legalidad de la salida de Lugo.
En algunas radios y televisoras se hacía especial ahínco en remarcar que "todo fue hecho en el marco constitucional", como señaló un locutor local.
Pero las acusaciones de "golpe de Estado" traspasaban el umbral de realidad que ofrecían los
medios locales.
El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Alí Rodríguez Araque, no titubeó cuando manifestó la postura del organismo en conversación con BBC Mundo en la sede de la embajada venezolana en Asunción.
Jefe de Unasur: "Se ha dado un golpe de Estado parlamentario"
"Fue un golpe parlamentario, apenas un grupo de senadores deciden la destitución de alguien electo por una votación nacional", soltó.
"No se le permitió el derecho a la legítima defensa, porque apenas tuvo tiempo para defenderse de las acusaciones que tenía. Es lamentable lo ocurrido", apuntó.
¿Qué dice la Constitución?
Desde el sector político paraguayo que impulsó el juicio político a Lugo -por su presunta responsabilidad en la matanza de 17 personas en un operativo de desocupación de tierras privadas- hubo amplio rechazo a tildar como un "derrocamiento" o "golpe" a lo sucedido.
El ex jefe del ejército y legislador Lino Oviedo -quien cumplió en 2004 una pena de prisión por un intento de golpe de Estado- afirmó que el proceso "es constitucional".
Tanto Oviedo como quienes sostienen esta tesis apoyan su punto vista en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
El texto señala que "el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes".
"La acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria", agrega el artículo.
Por su parte, el analista político, Francisco Capli, quien es director de la encuestadora First Analisi y Estudios, le aseguró a BBC Mundo que "no se trató de un golpe".
"El Congreso utilizó una prerrogativa constitucional y, de hecho, el presidente (Lugo) la acató y se sometió al juicio", aseveró.
Además, señalaron varios comentaristas, Lugo aceptó la decisión y dejó el puesto.
Sin embargo, según el presidente venezolano, Hugo Chávez, Lugo le habría dicho que prefirió mandar a unos abogados en vez de ir en persona a defenderse de las acusaciones "porque todo estaba ya arreglado".
Característica paraguaya.
Pero la destitución de Lugo, a tan sólo nueve meses de las venideras elecciones presidenciales, revela el poder que tiene el legislativo y la manera en que el mandatario perdió prácticamente todo el apoyo político en el Congreso y el Senado.
"Desde que terminó el gobierno militar de Alfredo Stroessener, que duró casi 36 años (hasta 1988), se diseñó una constitución que buscó evitar la concentración del poder en una sola persona para evitar nuevos gobiernos autoritarios", explicó Capli.
"Y de ahí que se le dio más poder al legislativo (al ser capaz de iniciar un juicio político contra un presidente electo), lo que es característico de Paraguay", apuntó.
Otro elemento que, según el analista, refleja la caída de Lugo, es que prácticamente se quedó
sin aliados políticos.
En la Cámara de Diputados la votación para iniciar el juicio político fue de 76 votos a favor y uno en contra, de un total de 80 diputados.
En el Senado fueron 39 votos a favor del enjuiciamiento, de un total de 42 senadores.
"Esto en una democracia parlamentaria hubiese significado la caída de un gobierno y esto es una cuasi democracia parlamentaria", señaló Capli.
La remoción de Lugo como presidente de Paraguay ahora será analizada por los mandatarios de Unasur la semana próxima, para determinar cuál será la posición como bloque.
Ya Argentina, Venezuela, Bolivia y Ecuador adelantaron que no reconocerán al recién asumido gobierno de Federico Franco.
Paraguay pudiera ser objeto de sanciones comerciales por parte de Unasur o incluso ser expulsado de la organización.
