Cada año entran a México, desde Estados Unidos, entre US$19.000 y US$29.000 millones producto de actividades ilícitas, especialmente el tráfico de drogas. ¿Dónde está ese dinero, que equivale a entre 2% y 3% del PIB nominal del país? Una parte de los recursos vuelven a Estados Unidos o se transfieren a paraísos fiscales. Otra más sirve para la operación de los carteles de la droga, como la compra de armas y vehículos, y el resto pasa por la economía formal de México, dicen especialistas y el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos elaborado por los gobiernos de ambos países. Hasta ahora, no se ha determinado con exactitud el destino del dinero generado por el narcotráfico, aunque en algunos casos sirve para mantener con vida la economía de regiones enteras, explica el investigador José María Ramos, del Colegio de la Frontera Norte (Colef).
"Ha sido un factor, entre otros, que ha permitido que las crisis económicas no sean de mayor impacto en comunidades fronterizas y del centro y sur del país", dice en conversación con BBC Mundo. Recientemente el gobierno mexicano estableció un nuevo programa para combatir el lavado de dinero. La estrategia contempla, por ejemplo, limitar a 100.000 pesos, unos US$7.000, las compras en efectivo de autos, casas, joyas o aviones, así como establecer un tope de US$14.000 mensuales en los depósitos para las empresas. (En Sinaloa) hay tres industrias motrices: el turismo, la exportación de hortalizas y el narcotráfico. Guillermo Ibarra, profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La mayoría de los dólares que genera el narcotráfico entran a México por vía terrestre, dentro de camiones de carga, maleteros de automóviles o en bolsas de viaje. Además, cerca de la mitad ingresa mediante operaciones financieras, señala el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos. Monterrey (Nuevo León), Guadalajara (Jalisco), y Culiacán (Sinaloa) son las ciudades con mayor número de operaciones de lavado de dinero, según el mismo documento. Los datos son parte del problema. Una vez en territorio mexicano el dinero de los carteles se dispersa en múltiples actividades legales, según ha dicho el especialista Edgardo Buscaglia, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Hay sectores donde tradicionalmente se invierten estos recursos, como la compra y construcción de casas, restaurantes o automóviles, dice el investigador Ramos. En la lista OFAC del gobierno de Estados Unidos –donde se anota a empresas y personas sospechosas de colaborar con la delincuencia organizada- aparecen negocios como salones de belleza, carnicerías, talleres para reparar automóviles y agencias de viaje. El gobierno propone medidas fiscales para prevenir las operaciones con recursos ilícitos. Sin embargo, también existen actividades más sofisticadas que podrían ser vulnerables al dinero ilícito. Recientemente, el ex gobernador del Banco de México (banco central), Guillermo Ortíz, advirtió el riesgo de lavado de dinero en operaciones de intermediarios no bancarios, como las sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y de objeto limitado (sofoles). Son grupos empresariales que se dedican a financiamiento inmobiliario, o bien que apoyan a pequeñas y medianas empresas. Tienen poca supervisión de las autoridades. Por ejemplo, a mediados de este año operaban en el país 1.704 sofomes hipotecarias, pero sólo 23 estaban reguladas, según datos del banco central. La situación es más grave en estados con presencia de carteles. En Sinaloa, donde nacieron muchos líderes del narcotráfico, el investigador Guillermo Ibarra detectó un coeficiente de ahorro bancario superior al flujo de dinero que genera la economía local. Estos recursos, afirma el académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa, podrían ser producto del tráfico de drogas. "En el estado hay tres industrias motrices: el turismo, la exportación de hortalizas y el narcotráfico", dice en conversación con BBC Mundo. La estrategia del gobierno contempla limitar a 100.000 pesos, unos US$7.000, las compras en efectivo de autos, casas, joyas o aviones, así como establecer un tope de US$14.000 mensuales en los depósitos para las empresas. Para atacar las finanzas de los carteles la Secretaría de Hacienda propuso la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo. Es un paquete de medidas fiscales para prevenir las operaciones con recursos ilícitos, que incluye además modificar algunas leyes para limitar las transacciones en efectivo. Es la primera vez que un gobierno mexicano establece una estrategia similar, que pretende impedir a las organizaciones delictivas tener acceso a sus ganancias y al mismo tiempo castigar casos relevantes. Una parte fundamental es la cooperación con otros gobiernos, especialmente el de Estados Unidos, algo que era necesario para combatir eficazmente el narcotráfico, señala el académico Ramos. "El tema ya no es solamente mexicano, es un asunto internacional", insiste el investigador del Colef.
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