2011 pinta mal para los indocumentados

Fantasma de deportaciones merodea en todo el país

El año 2011 no pinta bien para 11 millones de extranjeros sin papeles en Estados Unidos. El fracaso del debate de la reforma migratoria, el triunfo de los republicanos en la elección de medio tiempo del 2 de noviembre y la derrota del Dream Act en el Senado el 18 de diciembre, dejaron la puerta abierta para el resurgimiento de iniciativas antiinmigrantes.

Y a ello se suma la advertencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que no detendrá redadas ni arrestos, sobre todo de extranjeros con antecedentes criminales.

La Enmienda 14

Una de las propuestas que flota en el ambiente es el debate inconcluso para modificar la Enmienda 14 de la Constitución con el objetivo de quitar la ciudadanía automática a los hijos de padres indocumentados, a quienes algunos republicanos denominan “bebés ancla”.

En julio, dirigentes de la oposición, entre ellos los senadores Mitch McConnell (Kentucky) y Jon Kyl (Arizona), solicitaron la celebración de audiencias públicas para resolver el problema, al tiempo que recomendaron aumentar las redadas y la deportación de indocumentados, que según datos del Pew Hispanic Center (un grupo privado de Washington que estudia los movimientos migratorios) rondan los 11 millones.

Pero el cambio o modificación de una enmienda constitucional es complejo. Bill Hing, profesor derecho de la Universidad de San Francisco, explicó que para conseguirlo hace falta la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras en el legislativo, además del consentimiento de al menos 38 de los 50 estados.

Y el Senado está y seguirá estando bajo el control de los demócratas.

Entre cenizas

La segunda amenaza consiste en otro proyecto de ley también inconcluso que introducido al Congreso en 2005 y debatido a nivel de comisiones en 2006 y que no prosperó por falta de votos. Corresponde al plan de reforma migratoria promovido por los senadores Kyl y John Cornyn (Texas), basado en una oferta de salida voluntaria masiva para poner término, en un plazo no mayor de cinco años, a la inmigración indocumentada en Estados Unidos.

Denominada "Ley para una mejor acción policial y reforma migratoria", el proyecto abre una ruta de retorno a sus países de origen de aquellos ilegales que califiquen para una visa temporal de trabajo. Cada indocumentado, señala, deberá pedir "voluntariamente" su retorno a su país de origen a fin de poder solicitar el reingreso "a través de canales legales".

Uno de esos "canales legales", dijo Kyl a principios de 2006, "sería mediante una previa inscripción en el programa de trabajadores temporales", un proyecto que el entonces presidente George W. Bush insistió, pero el Congreso desestimó por falta de apoyo bipartidista.

Panorama incierto

“Todo es posible en 2011”, dijo Juan José Gutiérrez, director del Movimiento Latino USA de Los Angeles al analizar el escenario de la reforma migratoria para 2011. “Pero lo que no debemos de perder de vista son las elecciones presidenciales de 2012, cuando elijamos al presidente de Estados Unidos. Y tanto demócratas como republicanos saben que sin el voto latino no tienen garantizado la Casa Blanca”.

Agregó que “es muy probable” que proyectos de ley antiinmigrantes, como el debate sobre la Enmienda 14 o el plan Kyl-Cornyn sean puestos en agenda, pero eso no significa que se convertirán en ley. “Los demócratas siguen controlando el Senado y dudo mucho que este tipo de iniciativas superen el veto del Presidente Barack Obama”.

“Los republicanos sobrios que realmente están concentrados en la Casa Blanca saben que el letrero de antiinmigrante no les ayuda. Les sirvió para reconquistar la Cámara de Representantes, pero no les ayudará para recuperar la presidencia. Para eso necesitan por lo menos el 30% del voto hispano y la reforma migratoria es el proyecto que garantiza ese apoyo”, añadió.

El plan de salida

El proyecto de reforma migratoria sugerido por Kyl y Cornyn en 2005 tenía como objetivos el fortalecimiento de la acción policial y la seguridad fronteriza, además incrementar la responsabilidad de los empleadores y regular de manera más efectiva el flujo de trabajadores temporales hacia Estados Unidos.

Según el programa, calificarían la mayoría de los 11 millones de ilegales que viven en Estados Unidos, previo un severo registro de identidades a cargo del DHS.

Además de ofrecer visados temporales de empleo, el proyecto proporcionaba "incentivos" adicionales para los extranjeros que quieran dejar Estados Unidos inmediatamente y recomendaba un plazo de cinco años para su implementación total.

Los indocumentados que salieran de Estados Unidos dentro del primer año de vigencia, indicaba el proyecto, no serían multados. Pero quienes lo hicieran después de ese plazo, pagarían una multa por cada día de permanencia ilegal en el país.

“No creo que este tipo de plan prospere”, reiteró Gutiérrez. “Pero sí creo que este tipo de ideas resurgirá en la Cámara de Representantes, que en enero será controlada por los republicanos. Y si la aprueban, dudo que el Senado lo ratifique o que el Presidente lo firme. Es un proyecto condenado al fracaso”.

Deportaciones sin freno

A los planes de debatir y aprobar, primero un cambio a la Enmienda 14 y luego una reforma migratoria restrictiva, se suma la advertencia que la primera semana de diciembre hizo la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, durante una conferencia telefónica de que la administración no detendrá las batidas de indocumentados que tienen antecedentes criminales.

Entre ellos figuran unos 400 mil extranjeros con orden de deportación final, cuyos datos de identidad están agregados a la base de datos del National Crime Information Cneter (NCIC), archivo al que tienen acceso todas las policías locales del país.

Durante el curso del año fiscal 2010 (del 1 de octubre de 2009 al 30 de septiembre), el DHS deportó a más de 392 mil extranjeros, la mayor cifra de expulsiones registrada por el gobierno federal.

Durante el año fiscal 2009 (el último de la era Bush), el gobierno deportó a 398 mil extranjeros, hasta entonces considerada como cifra récord.

Presencia latina

Tras el fracaso de la votación del Dream Act el 18 de diciembre en el Senado, dirigentes de organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes aseguraron que seguirán luchando por conseguir una reforma migratoria en 2011, a pesar que los republicanos controlarán la Cámara de Representantes.

“Vamos a fortalecer nuestros programas de participación de votantes y vamos a centrar nuestra atención en las elecciones generales de 2012”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA).

Gutiérrez reiteró que “es precisamente la elección de 2012” la que obligará a los republicanos “a reconsiderar el debate de la reforma migratoria, porque necesitan el voto hispano, el mismo que en 2008 le dio la victoria al presidente Obama”.

De los 10.2 millones de votantes hispanos que acudieron a las urnas, 6.7 millones votaron por el candidato demócrata que derrotó cómodamente a su rival republicano, el Senador John McCain (Arizona).

“En el último debate (sobre el Dream Act) conseguimos aumentar nuestra presencia y demostramos que nuestro poder tiene peso en Washington DC. Utilizaremos toda esta experiencia para incrementarla, para convencer deuna vez por todas al Congreso y conseguir una vía de legalización para los 11 millones de indocumentados. Esa es una de nuestras principales metas en 2011”, puntualizó el activista.